«Ya no hay excusas para no eliminar barreras». Con esta filosofía como punto de partida, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha presentado una herramienta estratégica para que la accesibilidad deje de ser una cuestión aislada y se integre de forma transversal en el funcionamiento diario de todo el sector público estatal. Se trata del ‘Protocolo de accesibilidad universal en la Administración General del Estado’.
Este protocolo responde al mandato de que lo público sea, por definición, un espacio de autonomía y ejercicio de derechos para toda la ciudadanía.
Y, por ello, no es solo una guía de recomendaciones, sino una herramienta de trabajo interna para aplicar la accesibilidad de forma transversal y con perspectiva de género. Su creación responde al mandato del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal, que busca que todos los entornos, procesos y servicios públicos sean seguros, cómodos y autónomos para todas las personas.
El protocolo ha sido promovido por la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, contando con el asesoramiento técnico de la Fundación ONCE e ILUNION Accesibilidad. Ha sido presentado en el seno de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad, con la participación de diversos ministerios y el CERMI.
Seis ámbitos estratégicos
El protocolo no se limita a enunciar buenas intenciones, sino que ofrece una metodología de autoevaluación periódica. Mediante un listado de comprobación exhaustivo, cada unidad de la AGE podrá medir su grado de cumplimiento en seis ámbitos estratégicos.
1.Recursos Humanos: Desde la captación de talento y procesos selectivos adaptados hasta la formación del personal en materia de discapacidad.
2.Entorno físico: Garantizando itinerarios accesibles en los edificios públicos, señalización adecuada y planes de evacuación inclusivos.
3.Área jurídica: Asegurando que los proyectos normativos incluyan metas claras de accesibilidad y metas de igualdad de oportunidades.
4.Gestión económica: Fomentando partidas presupuestarias estables y contratos públicos que exijan requisitos de accesibilidad a los licitadores.
5.Tecnologías de la información: Un ámbito clave para nuestra Cátedra, que abarca desde la accesibilidad documental (PDFs, Word) hasta el cumplimiento de los estándares de accesibilidad web (WCAG 2.1) y la inclusión en redes sociales.
6.Atención a la ciudadanía: Reforzando la atención presencial, telefónica y digital con canales alternativos y lenguaje sencillo.
Autoevaluación y soluciones
El sistema de autoevaluación del nuevo Protocolo de Accesibilidad Universal en la Administración General del Estado (AGE) funciona como una herramienta de diagnóstico interna y periódica. Su objetivo principal es que cada unidad administrativa pueda medir su grado de cumplimiento normativo y activar mejoras concretas para eliminar barreras.
El sistema no solo diagnostica, sino que está diseñado para ofrecer soluciones. Para cada pregunta de la autoevaluación, el protocolo incluye, en su apartado 3, una explicación detallada y pautas de actuación. Así, cuando una unidad identifica una «quiebra» (respuesta negativa), puede encontrar inmediatamente la orientación técnica y la normativa de referencia necesaria para implementar la mejora.
