La Cátedra de Brecha Digital y Discapacidad de la UPV (DicaTIC) se suma al manifiesto de la Fundación CERMI Mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer 2026. Porque, «sin accesibilidad universal, sin formación especializada y sin eliminación de prejuicios en todo el sistema judicial, no hay justicia para las mujeres y niñas con discapacidad. Y sin justicia, no hay igualdad real».
La 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas ha situado como prioridad garantizar y reforzar el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias y abordando las barreras estructurales. Este llamamiento internacional nos interpela directamente.
Y es que las mujeres con discapacidad no acceden a la justicia; y, en los pocos casos que lo consiguen, se enfrentan con obstáculos estructurales que pueden dar lugar a que se dude de su credibilidad y que se desestimen sus acusaciones, o a sentencias discriminatorias contrarias a los derechos humanos que las revictimizan y condenan.
Las actitudes negativas del personal de justicia en la aplicación de los procedimientos pueden intimidar a las víctimas con discapacidad o disuadirlas de buscar justicia. Los procedimientos de información complicados o degradantes, la remisión de las víctimas a los servicios sociales en lugar de proporcionarles recursos jurídicos o la actitud displicente de la policía u otras fuerzas del orden así como de otros profesionales que intervienen en la atención y acompañamiento a las víctimas, son ejemplos de esas actitudes.
Estos sesgos no solo menoscaban su derecho a la tutela judicial efectiva, sino que se traducen en vulneraciones graves de las garantías procesales —como la indebida inversión de la carga de la prueba o la adopción de enfoques acusatorios hacia la propia víctima— y, de manera particularmente alarmante, en resoluciones y sentencias de carácter discriminatorio que reproducen tales estereotipos, relativizan la credibilidad de las víctimas por razón de su discapacidad y llegan incluso a atribuirles una pretendida corresponsabilidad en los hechos. Tales actuaciones constituyen una forma de violencia institucional y una vulneración frontal de los principios de igualdad y no discriminación, perpetuando la impunidad y negando a las mujeres y niñas con discapacidad el acceso real y efectivo a la justicia.
La Fundación CERMI Mujeres, como expresión organizada en España de las voces de las mujeres y niñas con discapacidad y de las madres de hijos e hijas con discapacidad.
Exige
- Impulsar un estudio exhaustivo y permanente sobre las causas profundas del escaso número de denuncias interpuestas por mujeres y niñas con discapacidad, así como sobre sentencias judiciales que se han dictado especialmente en materia de explotación, violencia y abuso, incorporando datos desagregados y un enfoque interseccional que permita diseñar políticas públicas eficaces.
- Garantizar y mejorar la asistencia jurídica gratuita en todos los procedimientos judiciales para mujeres y niñas con discapacidad víctimas de discriminaciones agravadas por razón de género y discapacidad, eliminando cualquier obstáculo económico o administrativo que limite su acceso a la defensa y a la reparación y fortaleciendo el servicio por medio de una formación especializada del turno de oficio en discapacidad, género y edad.
- Asegurar la plena accesibilidad del sistema de justicia mediante ajustes de procedimiento adecuados a la edad, al género y al tipo de discapacidad; acceso a la información y a la comunicación en formatos accesibles; provisión de asistencia humana, productos y tecnologías de apoyo elegidos por las propias mujeres; e incorporación efectiva de la figura del facilitador o facilitadora procesal.
- Dotar a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, a las Secciones de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, a las Secciones de Menores y a las Secciones de Familia, Infancia y Capacidad de los Tribunales de Instancia de todo el territorio español de los recursos necesarios para garantizar instalaciones, servicios y procedimientos plenamente inclusivos y accesibles, así como impulsar el desarrollo efectivo de las citadas Secciones, incorporando de manera obligatoria la perspectiva de género y la formación específica en discapacidad, evitando la dispersión competencial y asegurando una protección integral ajustada a las necesidades de las mujeres y las niñas con discapacidad.
- Exigir formación obligatoria y continuada en género y discapacidad para todos los actores del sistema judicial, incluyendo judicatura, fiscalía, personal letrado, turnos de oficio especializados en protección jurídica de personas con discapacidad, protección a la infancia y en violencia de género, así como equipos psicosociales y forenses, con el objetivo de eliminar barreras simbólicas, prejuicios y estereotipos.
- Desarrollar programas de formación y empoderamiento dirigidos a mujeres y niñas con discapacidad —especialmente para aquellas que habitan en zonas rurales o que residen en instituciones — y dirigidos a madres de hijos e hijas con discapacidad sobre los recursos legales disponibles para denunciar vulneraciones de derechos, acceder a la asistencia jurídica gratuita y obtener reparación como víctimas.
- Acelerar el desarrollo reglamentario de la figura de la facilitación procesal para que actúe como apoyo especializado y referente para las personas con discapacidad en su relación con la Administración de Justicia, dando respuesta a sus necesidades específicas de accesibilidad y comprensión, y cuya función sea diferenciada de la asistencia técnico-jurídica prestada por los profesionales del derecho.
Sin accesibilidad universal, sin formación especializada y sin eliminación de prejuicios en todo el sistema judicial, no hay justicia para las mujeres y niñas con discapacidad. Y sin justicia, no hay igualdad real.
