El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el cual se constituye un reglamento de condiciones bĆ”sicas de accesibilidad cognitiva, dirigido a garantizar que las personas con dificultades de comprensión tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de ciudadanĆa, asĆ como la no discriminación y la igualdad de oportunidades. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en Ć”mbitos esenciales de la vida y, de esta manera, posibilitar que toda la ciudadanĆa pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomĆa y sin discriminación.
Se trata de ofrecer herramientas, recursos y soluciones que hagan accesibles de forma cognitiva Ômbitos como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales o espacios culturales, ademÔs de procesos como, por ejemplo, los electorales.
Para ello, la norma establece que, en estos Ômbitos, han de garantizarse herramientas que faciliten la comprensión de la información y la comunicación como el lenguaje claro, la lectura fÔcil o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. También recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas. Y, asà mismo, soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas.
El decreto, ademÔs, dispone de un enfoque universalista para beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión. Entre ellas se encuentran personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parÔlisis cerebral, asà como personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.
Con la aprobación de este reglamento, se cumple la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en lo referido a las condiciones bÔsicas de accesibilidad cognitiva aplicables en todo el territorio nacional. Y, al mismo tiempo, se constituye el primer marco normativo que hay en España sobre este tipo de accesibilidad, de manera transversal en la actuación de las administraciones públicas y de los diferentes prestadores de bienes y servicios.
De esta forma, el reglamento desarrolla los requisitos generales sobre información y comunicación que deberĆ”n cumplir todos los agentes pĆŗblicos y privados, y las normas especĆficas aplicables en los siguientes Ć”mbitos:
–Ā Ā Ā Ā Telecomunicaciones y sociedad de la información
–Ā Ā Ā Ā Espacios pĆŗblicos, infraestructuras y edificación
–Ā Ā Ā Ā Transportes
–Ā Ā Ā Ā Bienes y servicios a disposición del pĆŗblico (incluidos los sanitarios)
–Ā Ā Ā Ā Relaciones con las Administraciones PĆŗblicas
–Ā Ā Ā Ā Administración de Justicia
–Ā Ā Ā Ā Participación en la vida pĆŗblica y procesos electorales
–Ā Ā Ā Ā Patrimonio cultural e histórico
–Ā Ā Ā Ā Empleo
En cada uno de estos Ć”mbitos se establecen obligaciones especĆficas, adaptadas a sus caracterĆsticas, para garantizar la accesibilidad cognitiva.
Se harĆ”n guĆas para su aplicación
Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, a travĆ©s del Centro EspaƱol de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), ya estĆ” trabajando en la elaboración de guĆas que faciliten la aplicación de las condiciones establecidas en el reglamento por parte de los distintos organismos pĆŗblicos y entidades privadas responsables de su aplicación. De la misma manera, el CEACOG, que es centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, estĆ” desarrollando iniciativas para hacer fĆ”ciles trĆ”mites administrativos como la declaración de la renta, el ingreso mĆnimo vital, el DNI o la regularización de personas migrantes.
En este enlace puedes ver un vĆdeo que resumen los aspectos esenciales del reglamento.







