El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el cual se constituye un reglamento de condiciones bÔsicas de accesibilidad cognitiva, dirigido a garantizar que las personas con dificultades de comprensión tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos y deberes de ciudadanía, así como la no discriminación y la igualdad de oportunidades. La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, establece cómo debe garantizarse la accesibilidad cognitiva en Ômbitos esenciales de la vida y, de esta manera, posibilitar que toda la ciudadanía pueda comprender la información, comunicarse, orientarse en los entornos y realizar actividades con autonomía y sin discriminación.

Se trata de ofrecer herramientas, recursos y soluciones que hagan accesibles de forma cognitiva Ômbitos como centros sanitarios, telecomunicaciones, espacios públicos, infraestructuras, transportes, administraciones judiciales o espacios culturales, ademÔs de procesos como, por ejemplo, los electorales.

Para ello, la norma establece que, en estos Ômbitos, han de garantizarse herramientas que faciliten la comprensión de la información y la comunicación como el lenguaje claro, la lectura fÔcil o sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. También recursos de orientación, como la señalización accesible y los pictogramas. Y, así mismo, soluciones tecnológicas que mejoran la comunicación, la orientación y la realización de tareas.

El decreto, ademÔs, dispone de un enfoque universalista para beneficiar al mayor número posible de personas con dificultades de comprensión. Entre ellas se encuentran personas con discapacidad intelectual, daño cerebral adquirido, autismo, problemas de salud mental o parÔlisis cerebral, así como personas mayores con deterioro cognitivo, personas en situación de analfabetismo o personas migrantes que no dominan las lenguas del Estado.

Con la aprobación de este reglamento, se cumple la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022 de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en lo referido a las condiciones bÔsicas de accesibilidad cognitiva aplicables en todo el territorio nacional. Y, al mismo tiempo, se constituye el primer marco normativo que hay en España sobre este tipo de accesibilidad, de manera transversal en la actuación de las administraciones públicas y de los diferentes prestadores de bienes y servicios.

De esta forma, el reglamento desarrolla los requisitos generales sobre información y comunicación que deberÔn cumplir todos los agentes públicos y privados, y las normas específicas aplicables en los siguientes Ômbitos:

–Ā Ā Ā Ā Telecomunicaciones y sociedad de la información
–Ā Ā Ā Ā Espacios pĆŗblicos, infraestructuras y edificación
–Ā Ā Ā Ā Transportes
–Ā Ā Ā Ā Bienes y servicios a disposición del pĆŗblico (incluidos los sanitarios)
–Ā Ā Ā Ā Relaciones con las Administraciones PĆŗblicas
–Ā Ā Ā Ā Administración de Justicia
–Ā Ā Ā Ā Participación en la vida pĆŗblica y procesos electorales
–Ā Ā Ā Ā Patrimonio cultural e histórico
–Ā Ā Ā Ā Empleo
En cada uno de estos Ɣmbitos se establecen obligaciones especƭficas, adaptadas a sus caracterƭsticas, para garantizar la accesibilidad cognitiva.

Se harÔn guías para su aplicación

Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, a través del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), ya estÔ trabajando en la elaboración de guías que faciliten la aplicación de las condiciones establecidas en el reglamento por parte de los distintos organismos públicos y entidades privadas responsables de su aplicación. De la misma manera, el CEACOG, que es centro asesor del Real Patronato sobre Discapacidad, estÔ desarrollando iniciativas para hacer fÔciles trÔmites administrativos como la declaración de la renta, el ingreso mínimo vital, el DNI o la regularización de personas migrantes.

En este enlace puedes ver un vĆ­deo que resumen los aspectos esenciales del reglamento.

Acceso a la noticia original, publicada en la web del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en este link.