Este sábado, 28 de junio de 2025, marca un hito en la construcción de una Unión Europea más inclusiva: entra en vigor la Ley Europea de Accesibilidad, que constituye una de las reformas más ambiciosas en materia de derechos, inclusión y armonización normativa en el ámbito europeo. En la Unión Europea, viven más de cien millones de personas con algún tipo de discapacidad, que serán directamente beneficiadas. El nuevo marco normativo marca un punto de inflexión en la forma en que se diseñan productos, se prestan servicios y, con ello, en el papel de las empresas en la sociedad.
La nueva ley tiene como objetivo garantizar que productos y servicios clave -desde teléfonos móviles y cajeros automáticos hasta páginas web, libros electrónicos o servicios bancarios- puedan ser utilizados de forma comprensible, manejable y segura por cualquier persona, con y sin discapacidad.
Esta legislación no solo busca garantizar derechos, sino también corregir distorsiones del mercado interior. Hasta ahora, las diferentes regulaciones nacionales suponían un obstáculo para la libre circulación de productos y servicios accesibles. A partir de su aplicación, los requisitos comunes de accesibilidad se unifican en toda la UE, simplificando el marco para empresas y consumidores.
¿Qué cambia con la Ley Europea de Accesibilidad?
La ley introduce obligaciones concretas para las empresas y una redefinición profunda del diseño de productos y servicios, basados en los principios del diseño universal.
Afecta directamente a:
-Productos: equipos informáticos, smartphones, terminales de autoservicio (como cajeros o máquinas de billetes), lectores electrónicos…
-Servicios: banca online, comercio electrónico, libros digitales, servicios de emergencia, aplicaciones móviles y páginas web.
Todos ellos deberán cumplir con requisitos técnicos detallados recogidos en el Anexo I de la ley, que van desde el tamaño de letra hasta compatibilidad con tecnologías de asistencia, pasando por interfaces perceptibles y navegación comprensible.
¿A quién obliga?
La responsabilidad recae en diferentes actores del ecosistema económico:
-Fabricantes: deben garantizar que sus productos cumplan los requisitos desde su diseño y elaboración.
-Importadores y distribuidores: están obligados a verificar el cumplimiento de accesibilidad y, en algunos casos, asumen las mismas obligaciones que los fabricantes.
-Prestadores de servicios: deben integrar la accesibilidad en el núcleo del servicio que prestan, en todos los ámbitos (contratación, soporte técnico, canales de atención…).
Estos agentes deberán generar y mantener documentación técnica y una declaración de conformidad UE y los productos deberán llevar el marcado CE, una garantía de cumplimiento que además puede convertirse en un valor añadido competitivo.
Supervisión y sanciones
La aplicación de la ley será supervisada por las autoridades competentes de cada comunidad autónoma y, a nivel estatal, se constituirá una unidad técnica de coordinación para dar apoyo en materia de accesibilidad.
En cuanto al régimen sancionador, las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves, con sanciones económicas que van desde los 301 euros para las infracciones leves hasta los 1.000.000 de euros para las infracciones muy graves. Además, en los casos más graves, pueden imponerse sanciones complementarias como la pérdida de ayudas públicas, la prohibición de contratar con la Administración o el cierre temporal del establecimiento o servicio infractor.
