La Comunitat Valenciana se sitúa como referente nacional e internacional en la defensa de los derechos sociales de las personas con discapacidad con la Ley de Accesibilidad Universal, aprobada por unanimidad en Les Corts Valencianes. Una norma que está alineada con la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La nueva ley consta de 104 artículos, en los que se contemplan los diferentes ámbitos de la accesibilidad: física, cognitiva, sensorial y en la comunicación.
El presidente del CERMI Comunidad Valenciana, Luis Vañó, subraya que «esta ley responde no solo a necesidades urgentes de una población históricamente marginada, sino que lanza un mensaje firme: la accesibilidad universal no es un privilegio, sino un derecho irrenunciable. Durante décadas, las personas con discapacidad han enfrentado barreras físicas, sociales, cognitivas, sensoriales y digitales que les han limitado el acceso pleno a la sociedad. La nueva ley establece que nadie debe quedar excluido de derechos básicos como la educación, la sanidad, el empleo, la vivienda o la justicia».
La Ley de Accesibilidad Universal de la Comunitat Valenciana lleva el nombre de la activista y Defensora de las Personas con Discapacidad de València, Teresa Navarro, que falleció apenas unos días antes de la votación de esta norma, por la que tanto luchó. Un merecido homenaje a una mujer que dedicó su vida al compromiso y trabajo en pro de los derechos de las personas con discapacidad.
Principales puntos de la Ley de Accesibilidad
El texto normativo contiene disposiciones específicas de accesibilidad en áreas como las comunicaciones, telecomunicaciones y servicios de la sociedad de la información, y la accesibilidad en espacios públicos urbanizados, espacios naturales e infraestructuras. Además, contempla el desarrollo de protocolos específicos de accesibilidad en situaciones de emergencia, para proteger a todas las personas en igualdad de condiciones.
Introduce el concepto de «cadena de accesibilidad», asegurando entornos diseñados sin barreras físicas, sociales o digitales. Asimismo, aborda la accesibilidad en las edificaciones de nueva construcción y en las edificaciones existentes, con la ampliación de la reserva de viviendas para personas con diversidad funcional y la posibilidad de realizar adaptaciones necesarias, conforme el Decreto del Consell de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos.
En el ámbito del transporte, se establecen, con carácter legal, las condiciones de uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, así como las medidas de control y de sanción de plazas de aparcamiento reservado, que corresponderán a los ayuntamientos.
Además, establece en un capítulo la accesibilidad en las relaciones entre las administraciones públicas y la ciudadanía, con las condiciones que en este sentido deben reunir las oficinas de información, los puntos de atención y los servicios telefónicos de atención a la ciudadanía de titularidad de la Generalitat, así como la previsión de planes de formación para la atención a personas con diversidad funcional en diferentes ámbitos.
Se trata, además, de una ley que regula todo tipo de medidas administrativas: contra la discriminación, de fomento o de acción positiva, de control administrativo previo y posterior, así como en materia de contratación pública y acciones de mantenimiento de las condiciones de accesibilidad.
Introduce la regulación del derecho al uso, enseñanza y promoción de la lengua de signos, reconociendo su valor cultural y esencial en la inclusión. También la lectura fácil en textos legales, acompañada de materiales en audio y subtítulos, para garantizar el acceso a la información.
Igualmente se contempla la accesibilidad en el empleo, tanto en el ordinario como en el protegido, con la obligación de realizar ajustes razonables de los puestos de trabajo, estableciendo, para ello, el procedimiento y las medidas de fomento.
Participación social
La nueva ley incluye órganos colegiados de participación social, como el Consell Valenciano de Promoción y Garantía de la Accesibilidad Universal, cuyo soporte administrativo y técnico estará a cargo de la conselleria competente en materia de servicios sociales, para garantizar las participación, objetivos y medidas que contempla.
